La juez federal estadounidense Susan Bolton, determinó este miércoles que varios artículos de la ley de inmigración SB 1070 en Arizona no entren en vigencia, ya que según la magistrada, “interfieren con los esfuerzos del gobierno federal para fijar políticas migratorias”.
Bolton manifestó su decisión en un informe de 36 páginas argumentando que “la habilidad del gobierno federal para hacer cumplir sus políticas y lograr sus objetivos será minada por la aplicación de leyes del estado (Arizona), ya que interfieren con la leyes federales”.
Según reportó el portal de Internet MSNBC, la ley entrará en vigor este jueves, pero sin las disposiciones que molesto a los opositores de la norma. El artículo más cuestionado era el poder que se otorgaba a la policía para verificar el estado migratorio de una persona, sólo por considerarla sospechosa de haber ingresado al país de forma ilegal.
La juez detalló que las partes más cuestionadas de la norma serán tratadas en los diferentes tribunales del país, mientras que otras disposiciones de la ley, como los procedimientos y el estatuto migratorio de Arizona entraron en vigor a las 12:01 del jueves.
Jan Brewer, gobernadora del estado de Arizona, firmó la controversial ley el pasado 23 abril, lo que inicio una gran división de opiniones en la población estadounidense sobre la inmigración ilegal. Se estima que al menos 20 estados quieren implementar medidas similares en sus regiones.
La división se agudiza
Antes que se diera a conocer la decisión de la juez de suspender gran parte de los artículos de la ley SB 1070, las tensiones entre retractores y partidarios crecía en las calles de Phoenix.
Cientos de personas llegaron desde la ciudad de Los Angeles para sumarse a las protestas programadas a las afueras del capitolio en Phoenix, en rechazo a la norma.
Lidia Guzmán, presidente de la organización no gubernamental, “Somos America” dijo casi en llantos que “la justicia prevalecerá” luego de enterarse de la decisión de la magistrada.
Por otro lado, uno de los defensores de la norma, Joe Arpio, Sheriff del condado de Maricopa dijo en un comunicado de prensa que a pesar de la determinación de la corte federal “seguiremos investigando a todas las personas que sean consideradas ilegales en el país”.
“Mis diputados (efectivos policiales) seguirán preguntando sobre el estatus migratorio en este país, y arrestaremos a las personas que hayan violado las leyes estatales como las federales” aseveró Arpio en el comunicado.
A su vez, John Kavanagh, representante estatal de Arizona y miembro del partido republicano manifestó que realizarían una apelación contra la decisión. “Necesitamos la protección que esta ley brinda” explicó el político.
La gobernadora Jan Brewer manifestó el martes en una conferencia de prensa, que los más de 15 mil efectivos policiales que ostenta Arizona habían recibido entrenamiento para distinguir quién es un sospechoso ilegal en el estado sin la necesidad de llegar a la discriminación racial.
“La discriminación racial es ilegal. Es ilegal en los Estados Unidos, es ilegal en Arizona y seguirá siendo así” explicó a los periodistas.
Las guerras de las encuestas
La ley SB 1070 también ha creado un sentimiento en el país en contra y a favor de los inmigrantes ilegales. Varios medios de comunicación estadounidenses se han dedicado durante los tres meses desde que se aprobó la norma, a publicar encuestas sobre el apoyo que tiene la ley de inmigración de Arizona y otros, sobre el rechazo que tiene en el país.
Según CNN, el 55 por ciento de los americanos creen que todos los estados deberían tener una ley similar a la de Arizona, mientras que un 40 por ciento se opone.
Al mismo tiempo el mayor medio de habla hispana en los Estados Unidos, Univision, publicó una encuesta con la agencia de noticias Associated Press, que detalla que un 67 por ciento de los hispanos en los de Estados Unidos rechazan la ley y creen que debería aprobarse una reforma migratoria.

