Legisladores del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, discuten un proyecto de ley que requeriría a los directores de escuelas preguntar a los padres por el estatus migratorio de sus hijos.
Un comité de educación de la Cámara Baja analiza la medida HB 744 o el “Acta de Seguridad del Estudiante”, la cual estipula que la información recolectada servirá solamente para propósitos de “análisis” y no se negará la admisión de los alumnos sin documentos migratorios.
Sin embargo, organizaciones que defienden los intereses de los inmigrantes la han catalogado de “inconstitucional”, ya que obliga a los administradores de centros educativos a convertirse en “agentes” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En 1982, un dictamen de la Corte Suprema estableció que los estados no pueden negar la educación básica a ningún estudiante a pesar de encontrase de manera indocumentada en el país.